La acción civil se concretó en la Corte de Apelaciones de Temuco por parte de los miembros de la comunidad de Temucuicui, y fue patrocinada por los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR) Karina Riquelme y Sebastián Saavedra. Con ello las víctimas del montaje elaborado por Carabineros y el Ministerio Público, conocido como Operación Huracán, buscan que la justicia las indemnice de perjuicios por la implantación de pruebas y acusaciones falsas.

El descubrimiento de la manipulación de pruebas llevada a cabo por agentes del Estado y que generó una acusación por Ley Antiterrorista en contra de activistas sociales mapuche, dejó al descubierto un montaje cuyo objetivo era descreditar y criminalizar la lucha por la recuperación de territorios ancestrales en el Wallmapu, y encarcelar a líderes de la resistencia.

Durante 2017 la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó la intervención de números telefónicos de dirigentes y personalidades mapuche en virtud de una solicitud de la Dirección Nacional de Inteligencia. Por estas diligencias, supuestamente, se recopilaron conversaciones provenientes de aplicaciones de mensajería mediante un programa informático denominado “Antorcha”.

A partir de estos antecedentes el Ministerio Público solicitó orden de detención contra diez comuneros mapuche, formalizándolos por el delito de asociación ilícita terrorista, además del delito de incendio terrorista a dos de ellos. Sin embargo, la investigación dio un vuelco cuando la unidad de inteligencia de Carabineros denunció a los fiscales de la Araucanía por la misma ley de inteligencia, quedando al descubierto que el programa de interceptación Antorcha no existía, y por tanto, que las imputaciones que hacían a los comuneros eran falsas.

A raíz de esto, los peñis pasaron un mes en prisión preventiva, y fueron sindicados por la prensa y la opinión pública como terroristas, afectando tanto su honra, como la de sus familias y comunidades. El 13 de junio de 2018 se decretó el sobreseimiento definitivo de los acusados.