Las comunidades huilliches de la Region de Los Ríos reunidas en el Parlamento de Koz Koz manifestaron su rechazo al llamado Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Señalaron que no puede haber cambios reales si no se considera a los pueblos originarios en la construcción de una nueva sociedad y que el Kume Mogen (Buen Vivir) es la opción de vida que puede ayudar a reconstruir una sociedad justa y solidaria.

En una declaración pública la organización huilliche explicó que el Congreso “ha ignorado y excluido automáticamente los procesos de asambleas y cabildos como mecanismos de participación directa de los pueblos movilizados por una justicia social y cambio en la constitución política que garanticen los derechos sociales, políticos y culturales a través de una asamblea constituyente, que se ha venido realizando desde los territorios. El mencionado acuerdo de paz y quienes lo firman tienen una profunda mirada colonialista, los mismos que han gobernado para el modelo neocolonial, neofascista, racista y represor, pretenden poner las reglas de su juego para ahogar y confundir al movimiento social que levantan un nuevo proyecto político nacional que está naciendo desde los pueblos”.

“Esta maniobra política elitista y desquiciada, ante su propia deslegitimación y sin representación, solo busca crear una base para seguir usurpando el poder, ratificando nuevamente su oportunismo para coludirse como siempre lo ha hecho con el poder económico. Para eso están intentando controlar las decisiones de los pueblos y de los movimientos sociales. Los políticos corruptos, retrógrados y podridos mencionados en este acuerdo, finalmente han tendido un salvavidas a Piñera y su gobierno frente a la crisis social que ellos mismos han alimentado a fin de cuidar sus propios privilegios”, puntualizó el documento.

Para el Parlamento de Koz koz el acuerdo no tiene ninguna validez ante los pueblos movilizados. Al respecto denunció que “además que el acuerdo de paz no estando en guerra, lo asumen en directa complicidad con el gobierno sin reconocer ni asumir la violencia de Estado hacia el pueblo que ejerce su legítimo derecho a manifestarse ante tantas injusticias, ocupando el mismo montaje de la campaña del terror impuesta por Piñera”.

“Con esto”, añadió, “invisibilizan los atropellos, violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas militares y la policía bajo estos gobiernos. Por tanto, exigimos justicia y cárcel para los responsables de altos cargos políticos y mandos militares y policías, quienes dieron órdenes y ejecutaron asesinatos, violaciones, desapariciones y mutilaciones”.

El comunicado público dice que “Los plazos que ha establecido este acuerdo apuestan a la desmovilización y aleja la posibilidad de cambios reales, siendo la asamblea constituyente una demanda necesaria que requiere un tiempo para su construcción. Al mismo tiempo existen demandas que se pueden abordar y solucionar si existiera voluntad política para avanzar en los cambios urgentes que el pueblo seguirá exigiendo, nacionalización del agua, no más AFP, educación, salud, devolución inmediata de nuestros territorios mapuche en trámite institucional”.